Los proveedores de atención de salud deben tratar a las personas con discapacidad de la misma manera que deben tratar a las personas sin discapacidad: con respeto. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades y los mismos derechos en materia de la salud sexual y reproductiva que las personas sin discapacidad, pero a menudo no se les proporciona información sobre la salud sexual y reproductiva o la atención adecuada. Las personas con discapacidad son más vulnerables al abuso que las personas sin discapacidad. Tienen un riesgo elevado de contraer la infección por el VIH y otras ITS. Muchas han sido esterilizadas contra su voluntad, obligadas a abortar o a contraer matrimonios no deseados, y muchas han sufrido violencia de género. Los programas de atención de salud, incluidos los programas de planificación familiar, deben atenerse a los artículos pertinentes de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, especialmente los artículos relativos a la salud, la vida familiar y los derechos legales.

Para asesorar a los clientes con discapacidad, los proveedores de atención de salud deben considerar sus preferencias y la naturaleza de su discapacidad. Por ejemplo, los métodos de barrera quizá sean difíciles de utilizar para algunas personas con una discapacidad física, y las mujeres con discapacidad intelectual pueden tener dificultad para acordarse de tomar una píldora cada día o para afrontar los cambios de la menstruación.

Como todos los usuarios, las personas con discapacidad necesitan educación en materia de salud sexual y reproductiva para tomar decisiones con conocimiento de causa. Las personas con discapacidad intelectual tienen el mismo derecho que otras personas a tomar sus propias decisiones sobre la anticoncepción, incluida la esterilización. Es posible que necesiten un apoyo especial para hacerlo. En el caso de una persona con discapacidad intelectual que no sea capaz de comunicar claramente sus preferencias, alguien en quien confíe debe participar y ayudar a tomar una decisión informada que sea lo más congruente posible con las preferencias del usuario o de la usuaria. En particular, en lo que respecta a la elección de la esterilización, los sistemas de atención de salud deben garantizar la disponibilidad de un proceso de toma de decisiones asistida.

En lo que atañe a la atención a las personas con discapacidad, los programas deben dar a conocer en la comunidad que atienden a las personas con discapacidad sin discriminarlas. Los establecimientos deben ser físicamente accesibles, por ejemplo, con rampas para sillas de ruedas y baños grandes con barras de sujeción. Los programas de extensión tienen que hacer un esfuerzo especial para identificar a las personas de la comunidad que tienen movilidad limitada y llegar a ellas. Los materiales impresos deben tener gráficos sencillos, letra grande y, a ser posible, estar escritos en Braille; la información debe estar disponible en soportes sonoros, como los discos compactos (CD) o las cintas de casete, así como en forma impresa. Es posible que los proveedores necesiten especialmente demostrar las acciones y describirlas, hablar despacio y hacer pausas con frecuencia para comprobar el grado de comprensión.

Aprender a respetar los derechos de las personas con discapacidad y a cuidar de ellas debería formar parte de la formación previa a la prestación de servicios de los proveedores de atención de salud y debería reforzarse periódicamente con formación continua en el servicio. Además, reunirse y hablar con personas con discapacidad puede proporcionar a los proveedores información valiosa sobre cómo hacer que los servicios sean más respetuosos y accesibles. A menudo, los cambios necesarios son fáciles.